Exposición de motivos
El cambio paulatino de nuestro modelo energético se ha revelado como uno de los procesos más urgentes que, ante los cada vez más dañinos efectos del calentamiento global, debe abordar la sociedad. La transición ecológica en la que ya nos hallamos inmersos no es solo la única forma de caminar hacia fuentes de energía respetuosas con el planeta y sostenibles a largo plazo, sino que también ha demostrado ser una inmensa oportunidad para explorar alternativas energéticas que, además de ser limpias, resulten más económicas, justas, fiables y participativas, dada su capacidad de reducir costes y situar en el centro de su gobernanza a los ciudadanos y consumidores.
En este contexto, las comunidades energéticas son una de las herramientas con más futuro por delante, pero que, a la vez, ha contrastado ya sus virtudes. De acuerdo con varias directivas europeas transpuestas por la normativa española, existen diferentes definiciones para esta figura, si bien, con carácter general, pueden considerarse entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta cuyo objeto, más que la mera rentabilidad financiera, es la mejora de las condiciones ambientales y socioeconómicas de sus integrantes, los cuales pueden ser personas físicas, pequeñas empresas y entidades locales, entre ellas los municipios. Las comunidades energéticas tienen la capacidad de producir, almacenar, distribuir y consumir energía, que, en el caso de las comunidades de energías renovables, tiene su origen en fuentes limpias, siendo la fotovoltaica la más relevante de todas ellas. Potenciar el uso de este tipo de energías contribuye a abandonar paulatinamente el consumo de las fósiles, además de que la autoproducción nos sitúa en el camino de la soberanía energética, lo cual adquiere una especial relevancia en un momento de vaivenes geopolíticos que afectan al mercado y al suministro.
Tal y como reconoce la propia legislación, así como documentos de trabajo de agencias e instituciones como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía o la Oficina Española de Cambio Climático, el papel de las entidades locales en el desarrollo de las comunidades energéticas, bien informando sobre sus funcionalidades a los ciudadanos interesados, bien promoviéndolas y participando activamente como miembros de pleno derecho, es fundamental. Ejemplos cercanos a Tres Cantos, como el de Soto del Real, dan fe de ello y son un acicate para implementar medidas similares en nuestro municipio, que además de la energía fotovoltaica, podría emplear los yacimientos geotérmicos localizados en el subsuelo de la ciudad. La puesta en marcha de estas iniciativas ayudaría en la transición ecológica, empoderaría a los ciudadanos, comercios y pequeñas empresas del municipio y contribuiría a alcanzar la soberanía energética ahorrando miles de euros a los vecinos (especialmente a los más vulnerables) y a las arcas públicas.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Tres Cantos solicita por parte del Pleno municipal la adopción y puesta en marcha de los siguientes
ACUERDOS
- Puesta en marcha de una Oficina Municipal de Asesoramiento Energético, tal y como se aprobó por unanimidad y a propuesta del Grupo Municipal Socialista en el Pleno de diciembre de 2019, al objeto de que informe y asista a ciudadanos, comercios y PYME en la creación y puesta en marcha de comunidades energéticas de proximidad, además de identificar subvenciones y convocatorias de ayudas, tanto para los vecinos como para el propio ayuntamiento, en materia de autoconsumo energético.
- Aumentar la partida presupuestaria del Plan Rehabilita para la instalación de placas fotovoltaicas en comunidades de vecinos, y contemplar en sus bases la renovación o mejora de las placas ya existentes, en caso de que sea preciso para su correcto funcionamiento o para incrementar su eficiencia.
- La constitución de una comunidad energética local promovida por el Ayuntamiento y en la que este sea parte activa mediante la instalación, previo estudio de viabilidad y elección de la localización más adecuada, de placas fotovoltaicas de propiedad municipal, de tal modo que la energía generada por las mismas pueda ser distribuida entre los participantes de dicha comunidad situados en las proximidades, reservando en cualquier caso un porcentaje mínimo del 10 % para ciudadanos en situación de vulnerabilidad y otro tanto para el consumo de las instalaciones públicas de las que el consistorio sea titular, reduciendo así su huella ecológica.
- El establecimiento de cursos de formación en empleo verde y vinculado con la transición energética que capacite a sus participantes en la instalación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de las comunidades energéticas.
Grupo Municipal Socialista