La pasada semana, la Asociación de Vecinos de Tres Cantos organizó una mesa redonda para exponer la grave situación que viven las Urgencias y Emergencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. En ella participó nuestro diputado en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, quien trabaja en esta área en el parlamento regional. Estuvo acompañado por Fernando Alises, trabajador de Ambulancias e integrante del Comité de Empresa, Vladimir Valentín Pardo, operador del 061, y Rosa López, enfermera del SUMMA 112 y vicepresidenta del Sindicato Summat.

Tras exponer los trabajadores las carencias que cada uno sufre en su entorno laboral, Gómez Chamorro explicó que la deficiente gestión de la sanidad pública por parte del gobierno del PP se debe principalmente a lo que destina sus presupuestos. «Se gobierna con los presupuestos, allí van reflejadas las prestaciones a los ciudadanos y desde el minuto uno lo están incumpliendo con los servicios externalizados, por eso no voy a quitar un ápice de culpa al PP y a Cs. El presupuesto de sanidad es de 8 mil millones de euros y 974 son para servicios del sector privado. La Comunidad de Madrid es la más rica y desigual», afirmó.

Chamorro agregó que los políticos no pueden «jugar a los profesionales sino escucharlos e intentar desde el ámbito de lo público dar soluciones a los problemas que plantean. No se trata de alabarlos, sino de escucharlos. No basta con decir que el sistema funciona gracias a que tenemos grandísimos profesionales».

Después de detallar todas las falencias y carencias del sistema, el diputado del PSOE también contó qué planes tiene el equipo de Ángel Gabilondo si llega al gobierno tras las elecciones de mayo.

  • Modificar el área única y volver a las áreas sanitarias para que tengan autoorganización en función de la población que atienden.
  • Asumir los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) desde esa misma área. Hay que dotar adecuadamente la Atención Primaria y dejar de hacer experimentos de horarios, con un plan especial para las zonas rurales, que están de pena. Así liberamos de ese trabajo al SUMMA 112 para que se pueda dedicar a lo que tiene que hacer.
  • Asumir a todos los operadores del 061 como empleados públicos con todas las garantías laborales y sabiendo que luego tendrán que presentarse a los exámenes de oposición si quieren dejar de ser interinos, porque las reglas para entrar a la Administración son las que son. 
  • Renegociar la atención especializada con la red privada que ha impuesto el PP, es decir Quirón Salud. 
  • Renegociar también la asignación de tarjetas sanitarias (450.000 la Jiménez Díaz y 300.000 para el Ramón y Cajal, por ejemplo).

«Todo el negociete en torno a la salud de los ciudadanos intentaremos arreglarlo, aunque nos va a costar, porque los fondos buitres presionan mucho. Si seguimos una década más así, la Sanidad Pública desaparece, que es lo que busca el PP, dejarla morir. Nuestro compromiso y oferta es rescatar los servicios en el ámbito de la Urgencia y externalizados», concluyó. 

SUMMA, 061 y Ambulancias

Rosa López fue la encargada de explicar qué es el SUMMA y sus penosas circunstancias: «Es el servicio público de Urgencias y Emergencias extra-hospitalario de la Comunidad de Madrid. Atiende todo lo que no es calle (domicilio) en Madrid y todo en el resto de toda la Comunidad. Tenemos coches médicos (técnico y médico), UVIs móviles (dos técnicos, médico y enfermero), vehículos de intervención rápido (médico, técnico y enfermero), soportes vitales de enfermería… Somos unos 2.000 trabajadores entre médicos, técnicos y enfermeros, con jornadas laborales de 12 horas». 

«El problema que estamos denunciando es que un porcentaje alto de los dispositivos no se cubren al 100% ningún día del año. En el mes de febrero, por ejemplo, han salido el 75% de los dispositivos. Son datos difíciles de conseguir porque la dirección mantiene secretismo absoluto, para no dejar patente la mala gestión que están haciendo desde hace tiempo. Esto redunda en más estrés y sobrecarga de tareas para los trabajadores y más demora para los usuarios», manifestó. 

«Cuando hay menos dispositivo y personal, lo que sucede es que tienes que enviar dispositivos de emergencias a casos de urgencias con patologías menores. Si una UVI está atendiendo en Alcobendas y ocurre una urgencia en Tres Cantos tendrá que venir una de mucho más lejos con la demora que eso conlleva para casos graves como infartos, por ejemplo», puntualizó. 

«No queremos ser consentidores de estas situaciones de mala calidad. La excusa que ponen es que no encuentran personal y eso es una gran mentira. No encuentran porque tratan mal al personal, con contratos precarios/basura y mal pagados, no se nos reconocen las jornadas de noche. Además sufrimos agravios comparativos con respecto al personal de Atención Primaria y Especializada. Nos utilizan de correturnos gratuitos a la hora de prolongación de jornada. Comunidades como Madrid o Valencia, poco a poco han ido externalizando servicios. Quieren que cada vez funcionemos mejor para luego venderlo al mejor postor», se quejó.

Vladimir Pardo, en tanto, quiso explicar cómo un servicio privatizado como el 061 afecta a los trabajadores y a la población. «Por un lado, Ferrovial no cumple el contrato que tiene firmado con el SUMMA, en el número de operadores, no se renueva el personal, por lo que se pierden llamadas y hay llamadas en espera. Si ya en el primer eslabón hay una demora, y luego otra y otra, una persona puede fallecer. No vendemos móviles. El tema de los operadores de idioma tampoco lo cumplen, muchas veces no hay ninguno que hable ni francés ni inglés, entre muchas otras más carencias», resumió.

«A nivel laboral no cumplen el convenio, que ya es de por sí precario», prosiguió. «Lo bueno es que con el apoyo del PSOE, hemos presentado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley, en la que se dice que debemos ser personal público contratado por la gerencia del SUMMA, que cada tres meses se revise que se cumplen los servicios o que se nos dé acreditación profesional, aunque día de hoy no se va a aplicar esa PNL porque está el PP», matizó. 

Fernando Alises, por último, defendió que un servicio público como el de las Ambulancias tiene que ser sostenible, pero que cuando se empieza con criterio de rentabilidad abandonamos el sentido de servicio público. 

«Cuando queremos defender un servicio público es porque quienes trabajamos en él lo vemos en peligro», aseguró.

«Tan solo 27 de las 90 ambulancias que tenemos son asistenciales, en las que se puede atender a las personas, las otras solo son para transportar. Tenemos en Madrid la ratio más baja de ambulancias por habitante», finalizó.