En el pleno municipal de octubre, desde el Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos presentamos una moción conjunta con Ciudadanos y Ganemos, relacionada con la atención a las personas dependientes.

La Ley 39/2006, del 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia supuso un importante avance en nuestro país al impulsar la creación de un sistema hasta ese momento inexistente. En el artículo 11 se establece la participación y las competencias de las comunidades autónomas, concretamente las de planificar, ordenar y coordinar los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, gestionar los recursos, establecer los procedimientos de coordinación, inspeccionar, evaluar.

Es importante señalar que dicho artículo permite a las comunidades autónomas establecer nuevos niveles de protección con sus correspondientes normas de acceso y disfrute: “En todo caso, las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 podrán definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales al fijado por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9 y al acordado, en su caso, conforme al artículo 10, para los cuales podrán adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas”.

Por otra parte, el artículo 12 de esa misma ley establece la participación de las entidades locales. “Las Entidades Locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, supuso un recorte de competencias y de financiación a los gobiernos locales. En su disposición transitoria segunda, de asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales, se establecía que “Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local”. Esta disposición transitoria fue declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional pero aun así supuso una excusa para ahogar más a los municipios y retirarles competencias y autonomía política para desarrollar los servicios sociales.

En julio del 2017, el gobierno de la Comunidad de Madrid mandó dos cartas a los municipios, una sobre el servicio de teleasistencia y otra sobre el servicio de ayuda a domicilio. Respecto de la teleasistencia les comunicaban que a partir de esa fecha dejarían de financiar este servicio a las personas no dependientes. En el momento actual, hay 40 personas de Tres Cantos que están en lista de espera en el servicio de Teleasistencia Autonómica, de los cuales nueve están siendo atendidos por los Servicios Sociales de Tres Cantos. Sobre el SAD que debía soportar la interminable lista de espera hasta la reorganización del sistema.

El equipo de gobierno del ayuntamiento de Tres Cantos decidió acertadamente continuar dando estos servicios a las personas que los necesitaban, sin recibir ningún tipo de ayuda o recurso por parte de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.

Por todos estos motivos, los Grupos Municipales PSOE, Ganemos y Cs proponen que se adopte el siguiente acuerdo:

  1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que reembolse al ayuntamiento de Tres Cantos el coste que ha supuesto, hasta el 30 de septiembre de 2018, la atención a las personas dependientes que necesitaban los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, y que debían haber sido atendidos por la Consejería de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de Madrid.