En el pleno de mayo, presentamos junto a Ganemos Tres Cantos una moción que va en la dirección de proteger a vecinos como los de las 1.000 viviendas que hoy están en mano de los fondos buitre. Aquí os dejamos el texto…

Las tipologías de Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra (VPPAOC en adelante) han sido objeto de numerosos debates e iniciativas parlamentarias, culminando estas con su abolición mediante el Artículo 3 de la Ley 9/2017.

Dichos debates e iniciativas parlamentarias fueron el reflejo del creciente descontento social en torno a lo que se consideraba un fracaso de la política pública de vivienda en la región, que se había centrado en la promoción de estas tipologías de viviendas protegidas en tiempos de bonanza, sin solución de continuidad al llegar la crisis.

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, quienes entonces fueron los adjudicatarios de VPPAOC quedaron en una situación muy precaria al encarar el vencimiento de su opción de compra. A eso hay que sumarle una fuerte subida reciente de las rentas en el mercado libre del alquiler, mercado al que pasan las VPPAOC una vez vencido el plazo de la opción de compra y el período de protección, que suelen coincidir.

En la actualidad, en la mayoría de los casos, una vez vencidos los plazos de la opción de compra, los inquilinos no pueden hacer frente al elevado precio de compra que es fruto de la aplicación de normas que se basan en previsiones de aumentos de valor de los inmuebles que en la realidad no se han dado. Tampoco pueden afrontar los altos precios de alquiler libre que les exigen sus caseros para poder permanecer en sus viviendas. De ahí que se vean obligados a abandonar las viviendas, que quedan vacías a la espera de mejor postor, en único beneficio de los fondos de inversión adquirentes.

Unas normas que permiten tal brecha entre los precios de opción de compra con respecto a los precios de mercado –en detrimento de los adjudicatarios– a la par que permiten la venta a precio libre a fondos de inversión, son normas contrarias a la equidad y al interés general que informaban los planes de vivienda impulsores de las VPPAOC. En pro de la equidad y del interés general, materializado en la opción de acceso definitivo a la vivienda en propiedad, resulta urgente actualizar dichas normas.

Además, para el caso de no poder ejercerse la opción de compra por parte de los inquilinos adjudicatarios, es necesario un mecanismo que les garantice un período transitorio para la búsqueda de alternativa habitacional una vez perdida la posibilidad de acceder a la propiedad de su vivienda habitual.

La necesidad de las medidas recogidas en los dos párrafos anteriores se da en virtud de los principios rectores que recoge el artículo 47 de la Constitución española, que han de informar la legislación y la política de vivienda pública a desarrollar por parte de la Comunidad de Madrid en el uso de su competencia exclusiva en la materia, emanada del artículo 148.1.3 de la Constitución y del artículo 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía; competencia exclusiva que la convierte en Administración pública responsable de la garantía del derecho fundamental a la vivienda que recogen el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus normas de desarrollo, todas ellas de aplicación en España en virtud del artículo 10.2 de la Constitución.

Es necesaria una modificación legislativa por dos razones;

  1. por un lado, actualizar la regulación de la opción de compra de las VPPAOC, en aras de armonizar los intereses de los inquilinos adjudicatarios (el poder ejercer su opción de compra y acceder a su vivienda en propiedad a un precio equitativo) y los intereses de sus caseros (obtener un beneficio equitativo sobre la inversión realizada en estas viviendas) ya sean estos públicos o privados;
  2. por otro lado, en caso de no poder ejercer el inquilino adjudicatario la opción de compra, asegurarle un período transitorio durante el cual poder permanecer en la vivienda en calidad de arrendatario conforme a la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos y manteniendo el precio del alquiler previo al vencimiento de la opción de compra, a actualizar tan sólo según el índice anual de precios al consumo.

 

Por todos estos motivos, PROPONEMOS que se adopte el siguiente acuerdo:

Instar a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid a aprobar la Proposición de Ley de regulación transitoria de tipologías de viviendas con protección pública para arrendamiento con opción de compra que permitiría:

  • Ejercer la opción a compra para las viviendas con protección pública y anejos vinculados, cuya opción de compra no haya vencido a la entrada en vigor de la presente, al precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil igual al que figure en la calificación definitiva.
  • En caso de que no se ejerza la opción de compra se garantice la permanencia en la vivienda y los anejos vinculados a los arrendatarios que no ejercitan la compra, bajo un nuevo contrato conforme a la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, con la renta que regía en los contratos con opción a compra actualizado en base al índice de precios al consumo.