En abril de 2017, el gobierno de Cristina Cifuentes aprobó sin participación pública el Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid. Un texto normativo que retrocede en aspectos ambientales, sociales y competencias públicas, no avanza en participación y consolida el urbanismo como una mera actividad económica en manos de la iniciativa privada.

Por ello, desde el Partido Socialista y dentro de la Plataforma Otra Ley del Suelo es Posible (formada por los sindicatos CCOO, UGT, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Ecologistas en Acción, PSOE-M, Podemos, IU y Equo) firmamos un decálogo de razones por las que nos oponemos al actual proyecto de Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y que pretende romper el silencio que rodea la tramitación de la nueva Ley del Suelo.

    1. Porque el proyecto de Ley sigue anclado en el modelo desarrollista del pasado. El cuerpo central del Proyecto de Ley debe abandonar el modelo desarrollista que ha marcado el urbanismo de los últimos años, que inició la frenética sucesión de medidas legislativas liberalizadoras de suelo desde el infausto recuerdo de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, promovida por los señores Aznar y Rato, que instituyó el “todo urbanizable”, la desmedida clasificación de suelo urbano y urbanizable para más de 300.000 viviendas que efectuó el Plan General de Madrid de 1997, y que terminó con la Ley de la Comunidad de Madrid de 2001.
    2. Porque no contempla estrategia territorial alguna que integre y dé respuesta a las necesidades urbanísticas y territoriales actuales de la región. El Proyecto de Ley ignora la necesidad de contar con una ordenación del territorio que permita integrar las políticas urbanísticas de los distintos municipios en una planificación de la región coherente con los intereses supramunicipales que la Comunidad de Madrid debe ordenar, favoreciendo la adopción de decisiones arbitrarias y poco transparentes que pueden ser la antesala de la corrupción.
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  1. Porque no trabaja por la regeneración de los núcleos urbanos. En el Proyecto de Ley, la ciudad consolidada se convierte en el nuevo objeto de deseo, al facilitar la renovación y edificación, densificando los centros urbanos sin incrementar las dotaciones públicas.
  2. Porque desprotege el suelo no urbanizable y los espacios naturales, dando un uso excesivo al suelo protegido. Madrid es la Comunidad Autónoma con el mayor grado de urbanización del territorio. Por ello, los principales problemas ambientales de la región derivan del crecimiento urbanístico -consumo de recursos, destrucción de suelo, pérdida de biodiversidad, etc.
  3. Porque entiende el urbanismo como una función donde los poderes públicos están ausentes. El texto de la nueva Ley es una nueva vuelta de tuerca a la liberalización del urbanismo, ya que le sustrae su función social, reforzando el papel de la iniciativa privada que pasa a ser prioritaria por delante de la actuación pública.

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  4. Porque no contempla instrumentos de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El Proyecto de Ley apenas contiene medidas de intervención sobre la recualificación de la ciudad consolidada, con instrumentos de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que son las políticas más inclusivas que desde el urbanismo pueden realizarse para hacer desaparecer los desequilibrios territoriales y sociales en las ciudades.
  5. Porque no ofrece soluciones a los suelos que, fruto de la burbuja inmobiliaria, han devenido en innecesarios y no aportan nada al desarrollo sostenible de la región. Se necesita una ley que permita dar solución a los desarrollos previstos que están consolidados jurídicamente pero sabemos que no se van a desarrollar.
  6. Porque reduce e incluso elimina dotaciones y servicios públicos para la ciudadanía y no contempla procesos de participación real. Esta nueva Ley supondrá una drástica reducción de las cesiones que deben hacer los promotores a las Administraciones Públicas, establecidas para hacer efectivo el constitucional derecho de participación de la colectividad en las plusvalías que genera la actividad urbanística. El proyecto de Ley las reduce a unos insignificantes 30 m2 por 100 construidos que en algunos casos pueden ser reducidos o eximidos.
  7. Porque reduce al mínimo posible las reservas para vivienda protegida y elimina las redes supramunicipales destinadas a vivienda social. Los porcentajes de vivienda de protección también se reducirán. Las reservas previstas en el proyecto de ley para este tipo de vivienda se reducen a tan solo un 30% de la edificabilidad total prevista.
  8. Porque dificultará a los municipios desarrollar un urbanismo sostenible y no respeta la autonomía municipal. El Proyecto de Ley incidirá negativamente sobre las políticas urbanísticas y sociales municipales. Plantea que en municipios de menos de 5.000 habitantes y con presupuesto inferior a 6.000.000 de euros se puedan aprobar Planes Generales de Ordenación Simplificados, nueva figura que sustituye las actuales Normas Subsidiarias, donde se limitan, aún más, las cesiones que deberán hacerse y las reservas para vivienda protegida

En definitiva, se trata de una nueva Ley del Suelo que antepone el beneficio y los  intereses de sectores minoritarios al interés general de las personas y del medio ambiente. Por ello, os invitamos a firmar esta petición para conseguir otra Ley del Suelo y con ella, un urbanismo social y ambientalmente sostenible para la Comunidad de Madrid.

 

#OtroUrbanismoEsPosible

#NoLeyCifuentes