El urbanismo es la planificación y ordenación de las ciudades y el territorio. Desgraciadamente, desde hace años, el urbanismo se asocia a malas prácticas, como priorizar los intereses especulativos frente a los intereses ciudadanos.

Un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como el que se está desarrollando en Tres Cantos, es el instrumento para llevar a la práctica un urbanismo concreto, en una zona concreta, que debe de conseguir entre sus objetivos lo que manda el Artº 47 de la Constitución “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.           

Un objetivo marcado por la Constitución que se ha desvirtuado en nuestra ciudad desde el año 2005, cuando el gobierno local trasladó a manos de una empresa mercantil, FCC, la gestión y ejecución del PGOU con su correspondiente desarrollo: Plan Parcial, Expropiación, Reparcelación, Urbanización, etc., desplazándose en gran medida el interés general al particular. De hecho, en el propio convenio entre el Ayuntamiento y FCC en la cláusula 8, se reconoce el derecho del concesionario a ser el beneficiario de la expropiación. Posteriormente, de acuerdo al Plan Parcial, en la reparcelación se adjudican los propietarios de las parcelas resultantes de la expropiación (derechos de edificabilidad), incluidas las residenciales.

De las parcelas residenciales, el concesionario es propietario único del total de las 11 parcelas de vivienda protegida. Es propietario único de 8 parcelas de viviendas unifamiliares y copropietario de otras 12 del total de 21 parcelas unifamilares. Y finalmente, es propietario único de 5 parcelas de viviendas colectivas y copropietario de otras 20 del total de 30 parcelas colectivas. FCC es propietaria y/o copropietaria del 90% de las parcelas residenciales del nuevo desarrollo.

¿Cuál es el efecto de esta situación?. La empresa FCC tiene el monopolio, 100% de la vivienda protegida de la ciudad, que entre otras consecuencias ha propiciado el problema a las 1.000 viviendas. Es propietaria única del 25% de las parcelas para viviendas unifamiliares y colectivas y, además, copropietaria (proindivisos) del 63% restante, priorizando la construcción de las viviendas donde posee la propiedad en exclusiva y paralizando a través de los proindivisos el resto de la construcción donde es copropietaria.

En 2005, los socialistas llevamos a los tribunales la concesión del PGOU, que fue anulado en primera instancia pero finalmente el TSJM dio luz verde. La concesión podrá ser legal pero no es justa, y las consecuencias las están sufriendo los vecinos de Tres Cantos.