El próximo mes de enero de 2018 se incorporarán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (SEITTSA) nueve autopistas de peaje de titularidad estatal y, actualmente, en manos de empresas concesionarias. Entre estas autopistas que pasarán a ser gestionadas por la Sociedad Estatal se encuentran las conocidas como R2, R3, R4 y R5 que transcurren por la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara, así como parte de la R4 por la provincia de Toledo.

Estas autopistas fueron construidas entre 1999 y 2000 por empresas que, salvo una de ellas, carecían de experiencia en la gestión de infraestructuras de transporte. El objetivo con el que se aprobó su construcción fue que servirían de alternativa a las autovías y carreteras nacionales existentes y contribuir a disminuir la congestión en los accesos a Madrid, objetivo que nunca se cumplió, ya que los usuarios han dejado como una opción minoritaria el uso de las autopistas de peaje.

Se trata de autopistas cuyas empresas concesionarias solicitaron concurso de acreedores por no poder afrontar las deudas contraídas, deudas a las que tendría que hacer frente el Estado en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración por tratarse de vías de titularidad estatal.

Según el Tribunal de Cuentas, el Estado en concepto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración tendría que hacer frente hasta a 3.718 millones de euros para el rescate de las autopistas de peaje mencionadas.

El Gobierno de España ha anunciado que su objetivo es relicitar estos activos que quedan bajo su control en el menor plazo de tiempo para que el impacto de este “rescate” en el déficit del Estado sea el menor posible.

El Grupo Parlamentario Socialista entiende que en este nuevo proceso deben tenerse muy presentes los elementos que no se tuvieron en cuenta en el momento de diseñar una red de autopistas que a tenor de los hechos no constituían una demanda o una necesidad de los ciudadanos.

Por tanto, en el proceso de relicitación deberían incluirse medidas que, sin incentivar el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público, puedan activar la utilización de estas autopistas y reduzcan el tráfico por las vías convencionales que, en definitiva, es el propósito con el que fueron planificadas.

En la Proposición No de Ley, que presentamos al Congreso de los Diputados el pasado 7 de noviembre, se recogen algunas medidas que por un lado, pueden contribuir al uso de las autopistas y, por otro, facilitar la movilidad en áreas congestionadas como sucede en Guadalajara y hacerlo promoviendo medidas sostenibles:

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1. Favorecer un acuerdo con el Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Fomento de Castilla La Mancha para habilitar las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 a los autobuses de la red de transporte público y que, a fin de favorecer la movilidad y el uso del transporte público, puedan circular por un carril específico y hacerlo con gratuidad en el peaje.

2.Establecer descuentos y bonificaciones en las tarifas de las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 para los vehículos de alta ocupación, vehículos eléctricos y de emisiones cero.

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3. Liberalización del tramo de la R2 a su paso por la ciudad de Guadalajara como circunvalación Norte para la ciudad y los municipios de la Vega del Henares, que supliría al demandado tercer carril de la A-2. Esta circunvalación permitiría no solo descongestionar la A-2 sino facilitar el tráfico a puntos tan estratégicos como el Puerto Seco de Azuqueca de Henares y otros polígonos industriales y logísticos del tramo guadalajareño del corredor del Henares.