“Existe una cita histórica que es muy conocida porque se puede aplicar a cualquier ámbito de la actividad humana que reza así: si quieres que algo se demore eternamente (sin averiguar nada), crea una comisión (de investigación)”. Esta frase, que se atribuye a Napoleón Bonaparte, ha demostrado su acierto cada vez que se ha puesto en marcha en nuestro país una comisión parlamentaria para intentar arrojar luz sobre algún asunto de carácter político vinculado a irregularidades o corrupción.”

Este párrafo podría haberlo escrito yo, pero parecería predispuesto a menospreciar la recién creada comisión de investigación sobre el asunto del Tagarral. Por eso, he preferido rescatarlo de un artículo escrito en el diario El Mundo por Enrique Ossorio, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

La comisión de investigación, que echó a andar el pasado viernes 3 de febrero de 2017, pretende esclarecer las responsabilidades políticas de las diversas administraciones que ha habido en la Comunidad, en Colmenar Viejo y en Tres Cantos desde 1991. Casi nada.

El motivo de crear la comisión de investigación es bien sencillo: Ciudadanos quiere salvar el culo del alcalde y del concejal Javier Juárez tras la pillada de las mentiras sobre las notificaciones que nos enviaba la Comunidad y que aquí nunca recibíamos. Hasta que aparecieron los acuses de recibo firmados, uno por un cargo de confianza de la EMSV (¿?) y el otro por Javier Juárez.

Este hecho debería haber bastado para que Ciudadanos hubiera promovido, junto a Ganemos Tres Cantos y a nosotros, una moción para destituir al alcalde y a los firmantes. No un cambio de gobierno, solo la caída de los responsables de las mentiras a los tricantinos. En vez de impulsar la tan cacareada regeneración democrática que el partido naranja enarbola con seña de identidad, se enrocan, junto al Partido Popular, para enmarañar todo el asunto y así mantener el statu quo.

El resultado de la comisión es bien conocido de antemano: todos son culpables, todos cometieron errores, todos son responsables, etc. Por lo tanto, Jesús Moreno y Javier Juárez no pueden pagar ningún plato roto, aunque este sea de 21 millones de euros.

Yo no pretendo exculpar a nadie que haya tenido responsabilidad en el asunto, con independencia del color del partido, pero en el punto en el que nos encontramos solo es posible solicitar responsabilidad política, y tal vez penal, a quienes ostentan actualmente cargo público y además ocultaron, por puro interés personal y partidista, información clave para todos los tricantinos.