A finales de octubre, aproximadamente, tuvimos conocimiento, mediante los acuses de recibos de dos documentos de octubre y diciembre de 2014, entregados por la Comunidad de Madrid, dirigidos al Alcalde de Tres Cantos y recogidos, el primero por el director técnico de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y el segundo por el primer teniente de Alcalde, que la Comunidad reclamaba a nuestro municipio 21 millones por la sentencia del Tagarral. Al mismo tiempo, proponía constituir una comisión por las administraciones implicadas para buscar el menor perjuicio posible.

Comunicaciones habituales entre administraciones que se han convertido en “especiales” puesto que el Alcalde de Tres Cantos siempre ha negado haberlas recibido, amparándose en que no constaban en el registro de entrada del Ayuntamiento. Situación que es cierta porque, como se ha comprobado dos años después, se entregaron en mano para que no constaran en el registro municipal. Mientras el Alcalde repetía, entre octubre y diciembre de 2014, a las puertas de las elecciones municipales, a los tricantinos y al pleno municipal, que “el caso del Tagarral queda definitivamente cerrado”, escondía en un cajón los requerimientos que decían lo contrario.

Finalmente, la constatación de la recepción de los dos documentos fue corroborado, el pasado mes, por el director de urbanismo de la Comunidad de Madrid en comparecencia en la Asamblea de Madrid a solicitud del grupo socialista.

¿Es necesario exigir responsabilidades políticas al Alcalde por su acción, dirigida por su interés personal, electoralista y partidista, mediante mentiras y ocultación de información? Nosotros entendemos que sí, porque ha mentido a los tricantinos, al pleno municipal y por último, al juzgado. Porque ha actuado irresponsablemente y puede repercutir negativamente en los intereses de la ciudad. Porque ha actuado en contra de los principios éticos que le corresponden al máximo responsable de esta institución, y es un comportamiento inaceptable en un Alcalde.

Sin embargo, la exigencia de responsabilidades concretas sobre la actuación de Jesús Moreno puede quedar diluida por la comisión de investigación propuesta, presidida y dirigida por Ciudadanos, socio de gobernabilidad del gobierno.

De entrada suena bien “comisión de investigación”, pero si como se recoge en el objetivo de la comisión es para abrir el abanico de responsabilidades políticas desde los años 80, es muy fácil que se convierta en un totum revolutum donde se diluya lo que ha ocurrido en estos dos últimos años. A nuestro entender es básicamente la tabla de salvación que sus socios le entregan al Alcalde, y al mismo tiempo les libera de tener que posicionarse con el resto de la oposición para pedirle la dimisión.

Desde el Grupo Socialista estuvimos de acuerdo para investigar lo que ha ocurrido en estos 30 años ¡adelante!. Pero a nuestro entender también era necesario investigar lo que ha ocurrido en los dos últimos años aunque básicamente ya está demostrado, y que afecta a la única persona responsable que actualmente puede dar cuenta de sus acciones. Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada por Ciudadanos.

De hecho en el pleno de noviembre la comisión de investigación presentada por Ciudadanos para investigar lo ocurrido desde los años 80, fue aprobada. Por el contrario, la comisión de investigación presentada por Ganemos y el Grupo Socialista para investigar lo acontecido en los dos últimos años fue rechazada por el voto de calidad del Alcalde, a pesar de ser juez y parte.

El auxilio que le ofrece Ciudadanos al Alcalde es una decisión política, no es una cuestión de credibilidad ni de confianza en él. Una decisión que les sitúa al timón del pacto de gobernabilidad y que deja al gobierno del PP a la sombra de Ciudadanos. Ese es el por qué, sí, a una comisión de investigación y, no, a la otra comisión de investigación.