El Tagarral. Foto ARBA.
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El Tagarral. Foto ARBA.

En el pleno de mayo PP y Ciudadanos presentaron una moción al pleno para enviar a la Comunidad de Madrid sobre el Tagarral. Los socialistas con anterioridad al pleno solicitaron al PP información sobre el tema, parte de ella pendiente desde hace más de un año,  para posicionarse en la moción. Finalmente, como la información no se les entregó su voto fue la abstención.

            El proceso judicial conocido como el Tagarral se inició a finales de los años ochenta y finalizó con una sentencia firme en 2003, codemandando a la Comunidad de Madrid, CM, y a los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos. Solidariamente, tenían que resarcir a los propietarios por lucro cesante con una cantidad de 22 millones de euros más los intereses que se fueran acumulando. En 2007, cuando el PP alcanzó la mayoría en Tres Cantos, los propietarios solicitaron la ejecución de la sentencia.

Posteriormente, en febrero de 2012, el gobierno del PP de Tres Cantos, en solitario, aprobó el inicio de un informe para que se reclasificarán los terrenos del Tagarral pasando de uso “no urbanizable protegido agropecuario” a “urbanizable” para poder llegar a acuerdos con los propietarios. En 2013 nuevamente de manera unilateral el gobierno del PP de Tres Cantos presentó en la Comunidad de Madrid un informe técnico para avalar su petición, que todavía está en poder de la CM. Finalmente en octubre de 2014 la Comunidad pagó el total de la sentencia que con los intereses alcanzaba la cantidad de 63 millones de euros. Ahora la CM reclama a Tres Cantos y Colmenar Viejo, respectivamente, 21 millones de euros.

            El Grupo Socialista solicitó en su momento, y sigue haciéndolo, el acuerdo de la CM para el pago de la sentencia, la consignación del pago de la sentencia y quiénes recibieron el pago ya que no se sabe quiénes eran los propietarios en ese momento. A esta solicitud de información los socialistas han incluido, a raíz de ser informados de la reclamación de la CM, el documento oficial que la Comunidad ha enviado al Ayuntamiento solicitando la devolución de la tercera parte de la sentencia. El gobierno local del PP no ha atendido a ninguna de estas solicitudes.

            Para los socialistas la situación de Tres Cantos, después de nueve años, es la misma que existía en 2007, que se le reclama 21 millones. Lo único que ha cambiado en este tiempo es que los propietarios ya han percibido 63 millones y existe un informe en la CM, presentado por el gobierno tricantino, para reclasificar los terrenos en urbanizables.

            Durante nueve años el gobierno actual ha sido el responsable de este proceso. Nueve años que han estado marcados por la falta de transparencia, no solo por no facilitar la información solicitada, sino también porque no existe un expediente abierto en el Ayuntamiento sobre el Tagarral y es un bufete externo quién controla el proceso.

            Un proceso que también ha hecho gala del engaño. En octubre de 2014 el Alcalde, Jesús Moreno, en los medios de comunicación y en los plenos municipales aseguró en reiteradas ocasiones, que gracias a su defensa de los intereses de los tricantinos el proceso del Tagarral había finalizado definitivamente y que el Ayuntamiento no tenía nada que pagar. En aquel momento el Grupo Socialista le solicitó al Alcalde que esto quedara recogido en un documento legal entre la Comunidad y el Ayuntamiento que incluyera tanto el cumplimiento de la sentencia como la exoneración del pago al municipio tricantino, puesto que al ser una sentencia solidaria en un futuro la CM podía reclamar una parte, como así ha ocurrido.

            “La moción presentada por el PP y Cs es básiamente un salvoconducto de la actuación del gobierno tricantino del PP porque el tiempo ha demostrado que no ha hecho nada. Los socialistas queremos buscar soluciones conjuntas entre todos, pero necesitamos conocer la situación real del proceso que el gobierno parece que no quiere que conozcamos como por ejemplo, el acuerdo del pago de la sentencia por la CM en 2014 ni tampoco las condiciones, si las hay, de la reclamación de la Comunidad al Ayuntamiento. La falta de transparencia genera dudas y más después de lo vivido en estos años” afirma Lydia Martínez. “Además hay otra cuestión que nos preocupa: la reclasificación de los terrenos a urbanizables, tanto por las características naturales de la zona como porque los propietarios además de haberse embolsado 63 millones puedan construir en un futuro. Hemos solicitado al gobierno que se mantenga el uso actual de los terrenos”.