Como ya comenté con anterioridad, la palabra crisis ha sido probablemente la más citada y nombrada en los últimos tiempos, ya años; de esta palabra deriva el término crítica que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio y de allí también criterio que es razonamiento adecuado, pero pueden ser razonamientos adecuados los emitidos y las posteriores acciones emanadas de esos criterios por un gobierno que claramente lo hace con una total falta de sintonía con las prioridades de su ciudadanía recortando derechos en los sectores más valorados hasta ahora por ésta como son la sanidad, la educación y los servicios sociales?

En ese contexto, las políticas neoliberales han visto también su “oportunidad”, el momento ideal para llevar a cabo sus principios y sus ideales. La gestión pública es cara e ineficaz, nos dicen, y se utilizan eufemismos como “ajustes” o “externalización” para llevar a cabo recortes en las garantías de los derechos básicos, porque se parte de la premisa de que el sector privado tiene una superioridad ética en el desarrollo del trabajo común.

Estamos asistiendo a la destrucción del Estado como espacio común de consenso y redistribución, mediante la privatización de los sectores que justifican su existencia. Vemos cómo afecta a los pilares fundamentales de las políticas públicas: la más reciente, en la seguridad ciudadana.

En el sector sanitario, se está poniendo nuestra sanidad en manos privadas sin tapujo alguno. Está claro que es contrario al espíritu con el que se fundamenta un sistema nacional de salud, que, por ejemplo, traslada a las empresas información muy relevante sobre la ciudadanía.

Es una estrategia perfectamente planificada que está cambiando un modelo sanitario público de éxito, con la crisis como coartada, por otro de mayor riesgo para la calidad asistencial, mayor desigualdad y mayor coste para el país.

Se han excluido a miles de personas del derecho a la atención sanitaria

(Real Decreto Ley 16/2012) perjudicando con esta medida su salud y la del conjunto de la comunidad en el caso de las enfermedades infecciosas, lo que sin duda, unido al recorte de prestaciones y al copago farmacéutico redundará en los indicadores de la calidad y de la esperanza de vida, en especial, en la población de mayor edad con enfermedades de carácter crónico.

Según Carmen Flores, Presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, estudios conocidos acreditan que cada 100 € per cápita desviados a la privatización se incrementa la mortalidad de la población “beneficiaria” hasta en un 2,5% anual, por encima de la esperada si hubiera continuado la gestión pública

La gravedad de las consecuencias de estas políticas sanitarias rompen el consenso que, en temas tan importantes como los servicios públicos esenciales, habían mantenido todas las fuerzas políticas y sociales desde la instauración de la democracia generando fisuras en la cohesión social. En definitiva nos están arrebatando algo que nos pertenece a todos: el sistema Sanitario Público.

Hay una transferencia de riqueza (monetaria, personal y de conocimiento) del Sector Público al Sector Privado, justo el recorrido inverso que ha justificado las ayudas públicas a la banca privada. La ciudadanía carga con esa deuda, mientras se le arrebata lo que se ha construido con el esfuerzo y el dinero que han aportado generaciones de trabajadores y trabajadoras.

La crisis como oportunidad… para realizar los que los ideólogos liberales creen y defienden: desmontar el estado y especialmente la protección social.

La crisis como coartada. El contexto económico es la coartada perfecta para realizar y fundamentar lo que venían haciendo y quieren hacer. No necesitan fundamentar la ideología en motivos económicos, pero es la coartada perfecta para realizar todas las políticas que estarían realizando aunque nuestra situación económica fuera  positiva.

                                                                    Ana Vicente

Concejala del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos