Lydia Martínez
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Lydia Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista

Junio de 2006.- El Ayuntamiento suscribió con la Comunidad de Madrid un convenio para impulsar la construcción de 1.000 viviendas en arrendamiento con opción a compra (VPPA OC-J) para los jóvenes del municipio menores de 35 años y que cumplieran los requisitos de vivienda protegida.

Marzo de 2007.- La Comunidad de Madrid realizó un sorteo, dos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, para designar los beneficiarios titulares y reservas que podrían acceder a las viviendas una vez construidas. Se presentaron 4.000 jóvenes tricantinos y 1.000 fueron elegidos en el sorteo. Las características de las viviendas sorteadas eran: 70m2 construidos, alquiler de 441 euros y pasados 7 años se podrían adquirir por 120.000 euros.

El suelo era propiedad de FCC que a su vez era constructora y promotora. Presentó cuatro proyectos de arquitectura con diferentes tipologías de viviendas e imagen exterior, según la siguiente distribución: 217 viviendas en la parcela RC.VPPB 1.1 A. 207 viviendas en la parcela RC.VPPB 1.1 B. 288 viviendas en la parcela RC.VPPB 1.2 A. 288 viviendas en la parcela RC.VPPB 1.2 B.

Posteriormente al sorteo FCC firmó la transmisión de las viviendas, para hacerse efectiva después de la construcción, con otras dos empresas: Gedesa, que se quedó con las parcelas RC.VPPB 1.2 A y RC.VPPB 1.2 B y con una cláusula de rescisión millonaria en caso de no realizar finalmente la compra. Y la otra empresa fue Lazora, que se quedó con las parcelas RC.VPPB 1.1 A y RC.VPPB 1.1 B, en este caso no había cláusula de rescisión. La transmisión que efectuó FCC en aquel momento, fue en secreto por parte de todas las partes afectadas en este proceso, desvelado únicamente en el momento de la entrega de las viviendas.

Octubre de 2008.- Se conocieron las condiciones que finalmente iban a regir las 1.000 viviendas, y que diferían sustancialmente de las anunciadas en el sorteo: disminución de la superficie, todas inferiores a 70m2 construidos, e incremento del precio, alcanzando un valor entre 160.000€ a 200.000€ según el tamaño.

Años 2009-2010-2011.- El Grupo Municipal Socialista y los propios adjudicatarios presentaron recursos de reposición para modificar las condiciones finales de las viviendas y volver a las presentadas en el sorteo. Todos los recursos fueron denegados por el gobierno del PP. 

Durante estos años se solicitó por parte de los adjudicatarios y de la oposición al equipo de gobierno, tanto con José Folgado como con Jesús Moreno como alcaldes, que se buscarán acuerdos entre todas las partes afectadas para encontrar una solución. Ni el gobierno local, ni el gobierno autonómico ni FCC aceptaron ningún cambio a favor de los intereses de los jóvenes tricantinos. 

En 2009 se constituyó la “Asociación por las 1000 viviendas”, que perseguía el cumplimiento de las condiciones del sorteo, y que ante la falta de cualquier tipo de respuesta por parte de las administraciones y de la empresa les llevó a interponer un contencioso-administrativo. A raíz de este hecho tanto José Folgado como Jesús Moreno, primero como concejal de urbanismo y posteriormente como alcalde, ejercieron una persecución contra la asociación en general y personal contra sus representantes simplemente por defender sus derechos. Persecución que ha quedado plasmada en los medios de comunicación y a través de cartas a los vecinos de la ciudad, y que en algún caso ha supuesto ataques al menos verbales contra estos jóvenes.

Año 2012.- Las 424 viviendas que debían de ser compradas por Lazora fueron las primeras en construirse, sin embargo esta empresa se negó hacer efectiva la compra porque preveían que debido al estado actual del mercado de la vivienda y las condiciones concretas de estas casas tendrían problemas para llenarlas. FCC se tuvo que quedar con las casas después de intentar negociar un nuevo acuerdo con Lazora. De esta negociación proviene el retraso en la entrega y de esta “no venta” proviene el hecho de que los inquilinos tuvieran que pagar el IVA del alquiler. 

La transmisión de las otras 576 viviendas, al tener una cláusula de rescisión millonaria para la empresa en caso de no materializar la compra, llevó a una larga negociación entre Gedesa y FCC, ya que la primera tampoco estaba interesada en quedarse con las viviendas, y de ahí, el tiempo de retraso en su entrega. Finalmente la compra se materializó, y por eso los inquilinos de esta promoción no tienen que pagar el IVA del alquiler. 

El secreto de la venta de las viviendas de FCC a otras empresas y de sus conflictos con estas empresas, ha supuesto que exista una diferencia entre los inquilinos de una y otra promoción por el pago del IVA del alquiler.

Enero-Octubre 2013.- Con la entrega de la última promoción se hizo realidad la peor de las previsiones, el 70% de las viviendas se quedaban vacías, a pesar de haberse ampliado la oferta a los suplentes del sorteo. Las condiciones económicas de estas viviendas, superior al mercado actual, y la inacción de los responsables políticos frente a los intereses empresariales han llevado a este proyecto al fracaso. Por mucho que el concejal de urbanismo en el pleno de marzo de este año dijera:“..Fracaso no, no y no, es un éxito. Ahí están las 1000 viviendas para jóvenes” (sic)”. Claro que están, pero vacías.

El Grupo Socialista presentó una moción proponiendo: un acuerdo entre el Ayuntamiento de Tres Cantos, la Comunidad de Madrid, FCC y Gedesa para que las más de 600 viviendas vacías de la promoción pasasen a formar parte de una bolsa de alquiler de vivienda protegida, con una precio de alquiler que no superase el 30% de los ingresos de los solicitantes, distribuyéndolas en distintos cupos. El PP ni tan siquiera pasó a debatir la propuesta. Como tampoco contestó ¿en que afectaría el cambio de las condiciones aprobadas por la Comunidad de Madrid en julio de 2013 para las viviendas de protección pública, incluidas las de alquiler con opción a compra para jóvenes?. El PP de Tres Cantos no sabe o no contesta.

Noviembre 2013.- Por la prensa se tiene conocimiento que FCC vende a la empresa Blackstone, una de las mayores sociedades de capital riesgo del mundo, las 424 viviendas de Tres Cantos por el módico precio de 60.000€. Las mismas por las que los jóvenes tricantinos tienen que pagar 170.000€ de media. El PSOE de Tres Cantos solicitó al Alcalde, a través de una carta, que cumpliera con su responsabilidad y defendiera los intereses de los jóvenes tricantinos. Nuevamente eludió cualquier responsabilidad y aseguró que la venta no se había realizado.

Enero 2014.- El Alcalde confirmó la venta de las viviendas y que no iban a producirse cambios en las condiciones del arrendamiento aunque al realizarse la compra ya no había que pagar el IVA del alquiler. Fin de la historia, o ¿tal vez no?. 

Lo que hasta ahora es cierto es que el sorteo de las 1000 viviendas ha sido una sucesión de negocios empresariales en base a una promesa electoralista incumplida por el gobierno municipal del PP. Un proyecto gestionado desde la falta de información, de transparencia y de responsabilidad, y marcado por el engaño y por intereses particulares que se alejan de los colectivos. La consecuencia es que la mayoría de los jóvenes de la ciudad después de esperar más de 5 años no han podido optar a una vivienda en Tres Cantos y que las viviendas han quedado en manos de una sociedad riesgo por una cantidad tres veces menor de la requerida a los tricantinos.

Lydia Martínez Mora

Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos