Muchas de las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy nos devuelven a los años 70 en cuanto a pérdida de derechos civiles, sociales, económicos, incluso a periodos predemocráticos: ley de tasas, ley de Seguridad Ciudadana, reformas sanitarias y educativas,…

La reforma de la ley de interrupción del embarazo auspiciada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, supone un retroceso de más de 30 años en materia de derechos sexuales y reproductivos.

El proyecto presentado con el nombre: “Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada” va a situar a España a la cola de la UE en este asunto, al considerar delito la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas excepto en dos únicos supuestos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer, algo que tendrán que acreditar dos médicos.

Es una ley retrógrada que no responde a una demanda social y un ataque sin precedentes a la libertad individual de la mujer y al derecho a decidir de las mujeres.

Personas como el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, parte de la Conferencia Episcopal Española y los grupos anti elección quieren acabar con una ley sobre salud sexual y reproductiva, preventiva y respetuosa con los derechos de las mujeres, para proponer una ley que pretende tutelar a las mujeres negándonos autonomía y libertad. 

Es cierto que la mayoría de las mujeres embarazadas queremos llevar a término nuestros embarazos y parir bebés sanos; claro que el aborto puede ser un trauma y ninguna mujer lo realizaríamos a la ligera. Pero queremos garantías, como las que nos provee la actual Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el Gobierno Socialista en 2010; ley que nos colocó a la cabeza junto con la mayoría de las democracias europeas, en la que el derecho a decidir prima por encima de las creencias político religiosas particulares de cada cual.

Tal y como se plantea en el argumentario de la Plataforma Decidir nos hace libres1, Gallardón y el Partido Popular nos quieren obligar a las mujeres a que concibamos un feto con graves malformaciones, a llevar a término el embarazo, condenándonos a nosotras, a esos posibles bebés, a nuestras familias y a la sociedad a sufrimientos inútiles y sin esperanza. Y mientras tanto, se siguen recortando derechos en materia de discapacidad, dependencia, sanidad y de servicios sociales. El Partido Popular no quiere que exista salud sexual y reproductiva y así prevenir embarazos no deseados, el Partido Popular, en definitiva, no quiere que las mujeres tengamos el derecho a decidir sobre nuestra maternidad y sexualidad.

Éstos mismos quieren: eliminar el aborto por libre decisión de la mujer hasta las 14 semanas, volver a una ley de estrictas indicaciones médicas, excluir de los antiguos supuestos despenalizados el de graves patologías fetales. 

Las iniciativas legislativas de quienes nos gobiernan tienen que solucionar problemas, no crearlos. ¿Qué necesidades hay en la actualidad para llevar una contrarreforma como ésta?. El Ministro de Justicia sólo quiere contentar a su moral y a la extrema derecha católica, siempre obsesionada con la libertad reproductiva de las mujeres, incumpliendo, según expertas y expertos en materia de salud, muchas de las recomendaciones de la OMS en materia de Interrupción Voluntaria del embarazo. 

Se nos volverá a condenar a las mujeres por abortar, se generarán diferencias de clases, ya que quienes tengan recursos irán a abortar a otros países y se dejará de tener acceso a la salud preventiva en materia sexual.

Con el debate social, con las movilizaciones en la calle, con el debate parlamentario, tenemos que conseguir que el Gobierno de Mariano Rajoy, con Alberto Ruiz Gallardón como portavoz de Justicia, no instaure otra ley más que recorta derechos humanos, sociales y sanitarios y que genera, por ello, desigualdad social.

La ley “Gallardón” es aún más restrictiva que la ley del 85, a la que tanto aluden y la inmensa mayoría de los gobernantes del Partido Popular de hoy votó esa ley en contra.

1La Plataforma decidir nos hace libres, está formada por 328 Organizaciones de diversas áreas (salud, jurídicas, católicas, cristianas, feministas, sindicales, vecinales, defensoras de los DDHH, juveniles, partidos políticos…) con el objetivo de luchar por el mantenimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

 Sonia Lamas Millán

Responsable Política Municipal

Comisión Ejecutiva PSOE Tres Cantos