En el año 2011 la Concejalía de Inmigración de Tres Cantos subvencionó un curso para formar a 25 personas como auxiliares de ayuda a domicilio, que costó 5.000 euros. Ahora, los beneficiarios, han comprobado en la Comunidad de Madrid que este curso no estaba homologado, por lo que no tienen el certificado de profesionalidad necesario para desarrollar su trabajo a partir de 2015

En el año 2011, el Ayuntamiento de Tres Cantos, llevó a cabo un acuerdo entre la Concejalía de Inmigración y Cátedra Integra3 Grupo Educativo de la Universidad Camilo José Cela para realizar un curso de 600 horas con la finalidad de formar a las personas que trabajaban o estaban interesadas en trabajar, como auxiliares de ayuda a domicilio. Fue financiado por el Ayuntamiento y costó 5.000 euros.

El curso se realizó de manera satisfactoria por las 23 personas que lo finalizaron.  Y obtuvieron su diploma en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de manos del alcalde, José Folgado, el vicerrector de la Universidad Camilo José Cela, Enrique Fernández, la Concejala de Inmigración, Olimpia Zelaya y la directora del curso, Susana Madrid. Este diploma les permitiría obtener el “Certificado de profesionalidad de Atención sociosanitaria a personas dependientes”, necesario y obligatorio para poder trabajar como auxiliar de ayuda a domicilio a partir del 2015, según Resolución de 2 de diciembre de 2008 (BOE nº 303 de 17 de diciembre de 2008).

Esa era la teoría. Sin embargo, en la práctica, cuando las personas que recibieron el diploma han ido a la Comunidad de Madrid a recoger el certificado de profesionalidad antes reseñado y necesario para ejercer su profesión, ante su sorpresa, han comprobado que el curso no estaba homologado.

 El Grupo Municipal Socialista denunció, en el pasado pleno de febrero, esta situación y solicitó que se buscara una solución para estas 23 personas. Posteriormente, a través de una comunicación telefónica mantenida con la Concejala de Inmigración, Olimpia Zelaya, responsable de este proyecto, transmitió a este grupo municipal que no tenía conocimiento de lo ocurrido, que agradecía la información y se comprometió a ponerse en comunicación con los responsables del curso para intentar solucionar el problema.

“Como gestores municipales estamos obligados a saber exactamente lo que se ofrece desde el Ayuntamiento y en qué gastamos el dinero de todos. En este caso se debería de haber comprobado que el curso ofrecido y pagado con el dinero público cumplía los requisitos solicitados por ley desde 2008”, afirma Lydia Martínez,  portavoz del Grupo Municipal Socialista.  “El hecho de que el curso fuese gratuito para las 23 personas que lo realizaron, no significa que se les pueda engañar, le dedicaron 600 horas y les generó unas expectativas profesionales que pueden desaparecer si no se da una solución. Por eso exigimos que se subsane esta situación tal y como se ha comprometido la Concejala de Inmigración, y que se tenga más diligencia en acuerdos de este tipo” concluye Lydia Martínez.