Ana Vicente
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Ana Vicente
Secretaria de Política Social
PSOE Tres Cantos

La palabra crisis ha sido probablemente la más citada y nombrada en todos los medios de comunicación, tertulias, foros, debates e incluso en el lenguaje de la calle en los últimos tiempos, ya años; de esta palabra deriva el término crítica que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio y de allí también criterio que es razonamiento adecuado, pero pueden ser razonamientos adecuados los emitidos y las posteriores acciones emanadas de esos criterios por un gobierno que claramente lo hace con una total falta de sintonía con las prioridades de su ciudadanía recortando derechos en los sectores más valorados hasta ahora por ésta como son la sanidad, la educación y los servicios sociales?

Se ha repetido también el significado en la cultura china de “crisis” como “oportunidad”. Ese momento que nos permite cambiar hacia mejor, crecer en madurez, reforzar y sanear el sistema democrático, haciendo énfasis en lo positivo de las posibilidades que se abren ante nosotros.

En ese contexto, las políticas neoliberales han visto también su “oportunidad”, el momento ideal para llevar a cabo sus principios y sus ideales. La gestión pública es cara e ineficaz, nos dicen, y se utilizan eufemismos como “ajustes” o “externalización” para llevar a cabo recortes en las garantías de los derechos básicos, porque se parte de la premisa de que el sector privado tiene una superioridad ética en el desarrollo del trabajo común.

Estamos asistiendo a la destrucción del Estado como espacio común de consenso y redistribución, mediante la privatización de los sectores que justifican su existencia. Vemos cómo afecta a los pilares fundamentales de las políticas públicas: la más reciente, en la seguridad ciudadana.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha sido la ley de protección social más importante en nuestro país en los últimos 20 años, comparable a la Ley que creó nuestro Sistema Sanitario, Universal y Público en el 86, o la de Pensiones no contributivas en el 90, que  perfeccionaba nuestro Sistema Público de Pensiones.

Las tres han sido leyes aprobadas en los periodos de gobiernos socialistas y como todos sabemos, están en el punto de mira de las políticas de recorte ideológico y de demolición del Estado de Bienestar que pretende el gobierno neoliberal del Partido Popular.

El 1 de enero de 2007 entró en vigor esta Ley: se trataba de la primera norma de servicios sociales de carácter estatal, que permitía instaurar un nuevo derecho subjetivo para todos los ciudadanos y ciudadanas de las diferentes comunidades.

Su implantación ha sido progresiva desde 2007, cuando accedieron al sistema los dos niveles de la gran dependencia (GRADOS III), pasando en años posteriores a la cobertura de los dos niveles de severos (GRADOS II), hasta enero de 2011 en que se inicia la atención a los moderados ( GRADO I, Nivel 2), para culminar en 2015 su definitiva implantación para más de 1,5 millones de ciudadanos.

El balance de estos primeros años de funcionamiento del sistema ha sido muy positivo a pesar de la complejidad  que comporta la puesta en marcha de cualquier sistema de alcance universal.

Por una parte hay que tener en cuenta las propias dificultades de implantar un sistema que ha obligado a las administraciones competentes, en especial a las autonómicas y locales, a realizar un enorme esfuerzo técnico y económico para atender las numerosas demandas de la ciudadanía y para poder iniciar las ayudas que contempla la ley.

También  hay que hacer especial referencia a los no pocos problemas que ha representado el inicio del sistema entre los nuevos profesionales de los equipos de valoración y de los profesionales de los servicios   sociales comunitarios, los cuales han visto incrementado el número de usuarios y han tenido que elaborar programas individuales de atención (PIA) y gestionar la cartera de recursos que contempla la ley.

A pesar de lo señalado y de la crisis económica que vivíamos, en noviembre de 2011, en el conjunto del Estado español se habían recibido unos 2.000.000 de solicitudes, de las cuales se habían valorado casi el 90%, reconociéndose más de 960.000 prestaciones (aproximadamente al 50% entre servicios y prestaciones económicas), a unos 780.000 beneficiarios.

Otro impacto claro de esta Ley venía siendo la generación de empleo. Sirva como botón de muestra los más de 100.000 puestos de trabajo creados en nuestro país en este sector y mayoritariamente ocupados por mujeres, durante el periodo 2007-2011. En pleno proceso de la crisis económica, ha sido esta rama de los servicios la que más ha generado empleo según los datos que trimestralmente publicaba la EPA. Además 170.000 cuidadores familiares se beneficiaron de un Convenio Especial de Alta en la Seguridad Social que pagaba mensualmente la propia Administración General del Estado a través del  IMSERSO y la Tesorería de la Seguridad Social.

El primer recorte se hizo en diciembre de 2011 aplazando hasta el 2015 el inicio de la atención a todos los moderados y paralizando los expedientes que ya estaban en trámite.

Meses más tarde, el RD Ley 20/2012 de 13 de julio, somete al Sistema fue sometido de nuevo a revisión. Después de cinco años de andadura del mis­mo, el Gobierno actual llevó a cabo un duro ajuste y recorte presupuestario para, supuestamente, contribuir a la conten­ción del gasto necesario y cumplir con el objetivo de reducción del déficit público.

Según el informe 2013 de la Asociación estatal de directoras y Gerentes de Servicios sociales “El resultado es obvio: “destrucción de la red de servicios, cierre de empresas del sector (tanto residencias como servicios de proximidad) destrucción de empleo privado y público, descenso en la recaudación pública (retornos), y como única salida para las personas, el refugio de unas miserables prestaciones económicas ante la imposibilidad de costearse los servicios”.

Si observamos la forma de aplicación que la Ley tuvo en época de bonanza económica, veremos también las trabas y dificultades que desde algunas autonomías se pusieron a la implementación de la ley. Esta afirmación se recoge en sentencias firmes como por ejemplo del Tribunal Constitucional en relación a la normativa de la Comunidad Valenciana. Y queda claro que en ningún caso, existía aún la crisis económica

La crisis como oportunidad… para realizar los que los ideólogos liberales creen y defienden: desmontar el estado y especialmente la protección social.

La realidad, como decíamos al inicio, la crisis como coartada. El contexto económico es la coartada perfecta para realizar y fundamentar lo que venían haciendo y quieren hacer. No necesitan fundamentar la ideología en motivos económicos, pero es la coartada perfecta para realizar todas las políticas que estarían realizando aunque nuestra situación económica fuera  positiva.

                                                                                      Ana Vicente Cintero

Concejala del Grupo Municipal Socialista de Tres Cantos