La violencia de género lejos de estar en el camino de desaparecer, sigue atacando y matando.  Y el silencio se está convirtiendo en su aliado, silencio en los datos, las condenas públicas, las campañas de sensibilización y, lo que es peor, las mujeres que son víctimas eligiendo el silencio y no la denuncia.

La crisis nos afecta a todos y a todas,  pero especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad como ocurre con las mujeres que sufren la violencia de género ya sea física, psicológica o en los dos aspectos. Son mujeres que necesitan ayuda  para salir de la espiral de la violencia en la que viven y una mínima seguridad para  rehacer sus vidas, sin embargo ahora también se tienen que enfrentar a la crisis que se cierne como un muro, en la mayoría de los casos, infranqueable.

Ahí es donde debe o debería estar el Gobierno pero los datos nos demuestran que no está ocurriendo: cada vez son menos las llamadas de auxilio, hay menos denuncias y están aumentando el número de mujeres que las retiran. La violencia se está quedando de nuevo en casa, de puertas para adentro.

El ministerio repite los comunicados de prensa cada vez que una mujer es asesinada, mientras debería estar protegiendo a las mujeres; su labor se resume en retrocesos y recortes.

El recorte  presupuestario  que ha sufrido la Ley   Integral Contra  la Violencia  de Género en dos años de Gobierno del PP supera el 28%. Menor atención, menor sensibilización, menor prevención, mientras más mujeres no pueden salir de la espiral de violencia en la que viven.  En este tiempo se ha producido el desmantelamiento de muchos centros de atención a víctimas, que han reducido su labor por falta de fondos o que directamente desaparecen al carecer de presupuesto. Mediaticamente tampoco se ha actuado adecuadamente, porque la distribución de la única campaña de sensibilización no ha correspondido  ni a criterios de sensibilización hacia las mujeres, ni a los intereses de la lucha contra la violencia de género.

En  el mundo rural los recortes se hacen más visibles y aumentarán  cuando la Reforma de la Administración Local se haga efectiva,  porque acabará con muchos servicios municipales y en concreto con los relacionados con la promoción y protección de la mujer, desaparecerán los programas de atención a las mujeres, los puntos de información, los pisos de acogida para mujeres maltratadas o los programas de recuperación para víctimas de violencia de género. Y las mujeres que viven alejadas de las grandes ciudades ¿qué harán?.

La estrategia nacional contra la violencia de género con una previsión económica  de 1.500 millones no aparece en los presupuestos. Lo que lleva a una dura realidad, es pura propaganda.

En los últimos diez años han sido asesinadas más de 700 mujeres en España, una realidad espeluznante. La lucha contra la violencia fue una prioridad durante el gobierno del PSOE, aprobándose  la Ley Integral Contra  la Violencia  de Género, una de las leyes más avanzadas en  nuestro entorno y quizás del mundo, y hubo partidas económicas importantes iniciándose el camino para la erradicación de esta lacra, pero lo que ocurrió no es suficiente sino se sigue desarrollando y apoyando la ley.

Además la lucha contra la violencia de género tiene carácter integral, existen otras leyes que la afectan directamente y si éstas se cambian provocan  retrocesos; como ha ocurrido con la nueva ley de educación, LOMCE, que incluye la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía clave en la prevención de la violencia.

El día contra la violencia de género han de ser todos y cada uno de los 365 días del año. Todos y todas en nuestros ámbitos hemos de tener un objetivo, erradicar la violencia de género, y el Gobierno debe reactivar la Ley Integral Contra la Violencia de Género, con un presupuesto apropiado y suficiente, que coordine a las administraciones, que anule la reforma local, que trabaje con las organizaciones de mujeres y vuelva a educar en igualdad.