El Gobierno del PP en España no deja de sorprendernos. La cursiva es porque no sé si la palabra es la adecuada. Sorprender no es realmente lo que hacen, porque ya no sorprende nada que venga de ellos, sino más bien enervan, enfadan, te hacen pensar que vives en una realidad completamente diferente de la que viven ellos. En efecto, así es.

La última gran medida para ayudar a paliar el excesivo déficit público es la reforma de la administración local, por ahora un simple anteproyecto aún no aprobado por el Consejo de Ministros. Más allá de la pretendida intención de eliminar las duplicidades, algo loable desde luego, me centraré en analizar (más bien criticar) la propuesta de modificación del régimen retributivo de los miembros de los ayuntamientos y del personal al servicio de las entidades locales.

La disposición adicional 3.ª del Anteproyecto dice lo siguiente en su apartado 1:

Los miembros de las Corporaciones locales serán retribuidos, por el ejercicio de su cargo, en los términos establecidos en el artículo 75 de la Ley […] de las Bases del Régimen Local. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación Local y a su población según ver tabla.

HABITANTES REFERENCIA
Más de 500.000 Secretario de Estado
300.001 a 500.000 Secretario de Estado – 10%
150.001 a 300.000 Secretario de Estado – 20%
75.001 a 150.000 Secretario de Estado – 25%
50.001 a 75.000 Secretario de Estado – 35%
20.001 a 50.000 Secretario de Estado – 45%
10.001 a 20.000 Secretario de Estado – 55%
5.001 a 10.000 Secretario de Estado – 60%
2.001 a 5.000 Secretario de Estado – 70%
1.001 a 2.000 Secretario de Estado – 80%
Menos de 1.000 Sin retribución

Es importante destacar que también se fija una escala para el número de concejales dedicados de manera exclusiva al servicio municipal; en Tres Cantos, de salir adelante el anteproyecto, sólo podrán hacerlo un máximo de 11. No somos, desde luego, los peor parados. El problema de fondo es meter en un mismo saco al personal de ayuntamientos como los de Barcelona o Madrid, junto con los pequeños municipios, donde —a pesar de que también se vean abusos de cuando en cuando—, los concejales están lejos de cobrar las barbaridades que cobra el personal de confianza de los ayuntamientos de grandes ciudades (en ocasiones, servir como secretario o dirigir una agenda). Así, en el Ayuntamiento de Madrid, los sueldos van desde la alcaldesa, que cobró en el 2012 un sueldo bruto de 94.703 €, al concejal  raso con dedicación exclusiva de 57.584 €. Pero no se engañen, todos los concejales con alguna responsabilidad (concejal delegado de área, de coordinación, concejal presidente de distrito, portavoz de grupo, etc.) cobran más que el presidente del Gobierno de España, un mínimo de 85.232 €. Entre ellos y el concejal raso, hay una diferencia de casi 30.000€ anuales. El Ayuntamiento cuenta, además, con un volumen de cerca de 213 personas de confianza, que cobran un sueldo anual de entre 42 y 50 mil euros. ¡213 personas de confianza en una cámara de 57 concejales! Esto, obviamente, es un sinsentido.

Como decía, en el mismo saco se mete a ayuntamientos de pequeños municipios, en los que los concejales con dedicación parcial —la gran mayoría— cobran un (verdaderamente) pequeño complemento, como establece la Ley de bases del régimen local.

La medida puede tener su sentido para que alcaldes como Ana Botella, Xavier Trias o el mismo Jesús Moreno (71.000 € al año, 2.000 más que un ministro y 2.000 menos que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría) se avergüencen, se atrevan a mirar a sus vecinos y digan por qué disfrutan de tales emolumentos. Pero no es una medida que vaya a arreglar el problema del déficit público. El déficit no está en los ayuntamientos. El 47% de los cerca de 8.000 municipios que hay en España son municipios de menos de 500 habitantes, por lo que sus alcaldes apenas cobran dietas o ínfimos complementos. El ahorro que se logrará —si es que se logra efectivamente— con esta medida es tan imperceptible como valiosa ha sido esta estrategia del Partido Popular para poner medidas ineficaces ante el problema del déficit y eficaces ante los problemas internos de corrupción que acechan a la formación: espías en Madrid, Gürtel, financiación irregular en la Comunidad Valenciana y Galicia, Bárcenas —incluyendo aquí a Acebes, Zaplana, Rato, Lapuerta…—, Ana Mato, Sepúlveda y un larguísimo etcétera.

La única forma de reducir con inteligencia el déficit público es, literalmente, no utilizarlo como si fuera un fin en sí mismo. El déficit es un instrumento de medida para ayudar a valorar la situación de la economía, no es la imagen de la economía.

Economías con déficits bajos pueden tener crecimientos nulos. No hay una relación directa entre la mejora en la economía y la reducción en el déficit y, si no, que se lo digan a los ya cinco millones de españoles desempleados. Disfrazar de verdad lo que patentemente es una base de la ideología neoliberal del Partido Popular y de dirigentes europeos como David Cameron, Angela Merkel o Durão Barroso no hace que la realidad les esté dando la razón.

Dos notas para reducir el déficit. Primera, pregúntense los señores Rajoy y Montoro por qué en España hay entre un 20 y un 25% de fraude fiscal, el doble de la media de la UE. Repito, el doble de la media, no de los países que consideramos punteros en el control del fraude. ¿Por qué no se incentiva el uso de la tarjeta y desincentivamos el uso del dinero en efectivo? Si nuestro PIB actualmente roza el billón de euros y la presión fiscal media (en datos muy simplificados pero clarificadores) es del 36%, se ingresarían 360.000 millones de euros al año. Si el fraude alcanza el 20–25%, el resultado es que cerca de 70.000 millones de euros dejaron de ingresarse debido al fraude. Reducir el fraude a, por lo menos, la media de la UE es una obligación de política financiera pero también, y sobre todo, un deber moral.

Segunda, con ese dinero recaudado, reinvierta. Haga que la economía crezca y a partir de ahí, recaude con impuestos, impuestos con los que podría tapar los agujeros que está creando en las cifras de inversión en sanidad, educación y demás servicios públicos.

Diego Espigado Guedes
Sec. de Organización de Juventudes Socialistas de Tres Cantos