La igualdad de mujeres y hombres es un derecho fundamental y constituye un  valor capital para la democracia. A fin de que se cumpla este derecho  plenamente, no sólo ha de ser reconocido legalmente sino que además se ha  de ejercer efectivamente e implicar a todos los ámbitos, políticos, económicos, sociales y culturales. La gestión de la crisis global que realiza el gobierno del  PP en nuestro país disminuye las políticas de igualdad y afecta negativamente en la vida cotidiana de las mujeres.

El avance conseguido en nuestro país en las tres últimas décadas, especialmente en los últimos ocho años, en derechos individuales y en el  desarrollo del Estado del Bienestar han acompañado a los hombres y,  especialmente, a las mujeres en su proyecto vital. Por ello y a pesar de las  dificultades no se puede permitir que este proceso de avance, que es positivo para la sociedad en su conjunto, sufra retrocesos ni se paralice. Es necesario defender y mantener las conquistas adquiridas y seguir impulsando actuaciones que hagan efectivo el derecho a decidir, la protección eficaz frente a la violencia de género, la igualdad en el empleo, la igualdad salarial, el derecho a la conciliación, etc., en definitiva la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Los servicios del Estado del Bienestar, la educación, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones, se han convertido en derecho de ciudadanía y han sido fundamentales para mejorar la vida de las mujeres, su participación social, sus expectativas y su desarrollo personal, social y profesional.

En estos momentos las mujeres españolas tienen más dificultades para conseguir un empleo, para hacer compatible su vida laboral y familiar, para acceder a la educación, la sanidad o la atención social, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, para incorporarse a los espacios de participación y de toma de decisiones.

Las mujeres son uno de los sectores de la población más perjudicado por los recortes del PP a la Ley de Dependencia, el 67% de las personas que reciben
prestaciones o servicios a través de esta ley son mujeres. Muchas mujeres en situación de dependencia son mayores de 80 años, sin recursos de atención en su entorno y con pensiones muy bajas. La pensión media de jubilación de las mujeres es de 637€ mientras que la de los hombres es de 1.071€, la pensión media de viudedad es de 596€. En general las mujeres tienen mayor esperanza de vida y, por lo tanto, más riesgo de vivir en situación de dependencia y soledad durante más años.  El 24,5% de las mujeres mayores de 65 años se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Por ello, las medidas del gobierno de Rajoy intensificadas por el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, como ampliar el copago de los servicios residenciales y domiciliarios, unido a la reducción, paralización o desaparición de las prestaciones económicas, unido a los copagos sanitarios y farmacéuticos, condena aún más a la pobreza a las mujeres.Además, los recortes para la financiación de la Ley de la Dependencia y de los Servicios Sociales destruyen sobretodo el empleo femenino. De los 250.000 empleos generados en este sector el 85% estaba en manos de las mujeres, al mismo tiempo el 92% de las personas cuidadoras con convenio especial en la Seguridad Social eran mujeres. Ahora con la eliminación del pago de la seguridad social a efectos de pensión de jubilación, se incrementará la pobreza de las mujeres de todas las edades que cuidan a sus familiares dependientes y elimina el acceso a la tarjeta sanitaria como derecho individual.

Las tareas del cuidado de hijos, personas mayores y personas con discapacidad que siguen desempeñando las mujeres de forma mayoritaria en su entorno familiar, constituyen una limitación para su actividad profesional fuera del hogar. Situación que se une a las dificultades de acceso al empleo sobretodo en la actual situación de recesión económica, y por lo general con sueldos más bajos que los hombres.

La reducción de la prestación por desempleo, impuesta por el gobierno del PP a golpe de decreto-ley, afecta a todos los parados pero de forma más negativa a quiénes tienen prestaciones más bajas como consecuencia de haber percibido salarios menores. y en estos casos las mujeres son mayoría. Junto a la reducción de la prestación por desempleo en el caso de los contratos a tiempo parcial, y que también afecta especialmente a las mujeres que representan al 80% en este tipo de contratación.

Los recortes en la renta activa de inserción (RAI) introducidos en la reforma laboral excluyen de poder percibir esta renta al 90% de quienes la estaban recibiendo. En este caso más del 70% de los perceptores de la RAI son mujeres. Directamente a las mujeres les afecta la eliminación de bonificaciones a la contratación para las trabajadoras autónomas que se reincorporaban tras la maternidad, un recorte que se suma a la supresión de las bonificaciones y derechos a favor de la maternidad que ha en la nueva Reforma Laboral. El incremento del IVA, de otros impuestos y la subida generalizada de suministros también tienen una repercusión especialmente negativa sobre la capacidad económica de las mujeres, como sector económico vulnerable.
Incluso, el gobierno de Rajoy niega el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y anula el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo cuando existen anomalías o malformaciones en el  feto, situaciones perfectamente reguladas en la actual legislación. El PP pretende imponer a toda la sociedad su ideología de integrismo radical y religioso.

En un año de gobierno de Rajoy la sociedad española en su conjunto, y las mujeres en particular han retrocedido en derechos, libertad, ayudas, reconocimiento y bienestar social a golpe de Decreto-Ley. Retrocesos que no sólo responden a una coyuntura económica sino a una arraigada ideología, cuya base más ancestral es que las mujeres no deben ser iguales a los hombres.